Pensión compensatoria en divorcio o separación

La pensión compensatoria es una de las cuestiones más importantes en los procedimientos de separación o divorcio. También es una de las que más dudas genera, porque no se concede en todos los casos ni funciona como una pensión automática.

Su finalidad es compensar el desequilibrio económico que la ruptura matrimonial puede provocar en uno de los cónyuges, especialmente cuando esa persona queda en peor situación económica respecto al otro y respecto a la posición que tenía durante el matrimonio.

Conviene no confundirla con la pensión de alimentos. La pensión de alimentos está pensada, principalmente, para cubrir las necesidades de los hijos. La pensión compensatoria, en cambio, se reconoce a favor del cónyuge que resulta económicamente perjudicado por la separación o el divorcio.

Según el artículo 97 del Código Civil, el cónyuge al que la separación o el divorcio le produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento respecto a su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación.

Esa compensación puede consistir en una pensión temporal, una pensión por tiempo indefinido o una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia judicial.

Dicho de forma sencilla: la pensión compensatoria no busca igualar patrimonios ni castigar a uno de los cónyuges. Su objetivo es corregir el perjuicio económico que la ruptura causa a uno de ellos cuando ese perjuicio está directamente relacionado con el matrimonio y con la separación o el divorcio.

La pensión compensatoria y la pensión de alimentos son figuras distintas.

La pensión de alimentos se establece para cubrir las necesidades de los hijos: alimentación, vivienda, vestido, educación, asistencia médica y demás gastos necesarios.

La pensión compensatoria, por su parte, se reconoce a favor del cónyuge que queda en una situación económica peor como consecuencia de la ruptura. Por ejemplo, puede darse cuando uno de los cónyuges ha reducido o abandonado su actividad profesional para dedicarse al cuidado de la familia o para colaborar en la actividad del otro.

Puede solicitarla el cónyuge que considere que la separación o el divorcio le ha producido un desequilibrio económico real.

Ahora bien, la pensión compensatoria no se concede de oficio. Es decir, el juez no la otorga automáticamente si nadie la pide. Debe solicitarse expresamente en el procedimiento de separación o divorcio, ya sea en el convenio regulador si existe mutuo acuerdo, o en la demanda si se trata de un procedimiento contencioso.

Además, quien la solicita debe acreditar el desequilibrio económico. No basta con afirmar que se gana menos que el otro cónyuge. Hay que probar que la ruptura ha provocado un empeoramiento relevante en la situación económica que se tenía durante el matrimonio.

Para que pueda reconocerse la pensión compensatoria deben concurrir varios elementos.

El primero es que exista un desequilibrio económico entre los cónyuges. El segundo, que ese desequilibrio suponga un empeoramiento respecto a la situación que tenía el solicitante durante el matrimonio. Y el tercero, que dicho desequilibrio esté relacionado con la separación o el divorcio.

También se valoran circunstancias como la duración del matrimonio, la dedicación a la familia, la edad, el estado de salud, la formación profesional, las posibilidades reales de acceder al mercado laboral, el patrimonio de cada cónyuge y los acuerdos alcanzados entre ambos.

La pensión compensatoria no procede en todos los divorcios o separaciones.

No se concederá, por ejemplo, cuando ambos cónyuges mantienen una situación económica similar tras la ruptura, cuando los dos conservan un nivel de vida parecido al que tenían durante el matrimonio o cuando el solicitante dispone de ingresos o patrimonio suficiente para mantenerse sin que exista un verdadero empeoramiento económico.

Tampoco procede cuando la diferencia económica entre los cónyuges no deriva del matrimonio ni de la ruptura, sino de circunstancias ajenas. La pensión compensatoria no es un mecanismo para equilibrar fortunas ni para igualar salarios.

El desequilibrio económico debe probarse con documentación y datos objetivos.

Entre las pruebas más habituales se encuentran las nóminas, declaraciones de la renta, vida laboral, certificados de prestaciones, documentos bancarios, escrituras de propiedad, cargas familiares, gastos ordinarios, situación profesional y cualquier elemento que permita comparar la situación económica de ambos cónyuges antes y después de la ruptura.

También puede ser relevante acreditar la dedicación al hogar, el cuidado de los hijos, la colaboración en la actividad profesional o empresarial del otro cónyuge, la renuncia a oportunidades laborales o la pérdida de expectativas profesionales durante el matrimonio.

Si no existe acuerdo entre los cónyuges, será el juez quien determine si procede la pensión compensatoria, su importe, duración y forma de pago.

Para ello tendrá en cuenta, entre otras, las circunstancias previstas en el artículo 97 del Código Civil: los acuerdos alcanzados por los cónyuges, la edad y el estado de salud, la cualificación profesional, las probabilidades de acceso a un empleo, la dedicación pasada y futura a la familia, la colaboración en las actividades del otro cónyuge, la duración del matrimonio, la pérdida eventual de un derecho de pensión, el caudal y medios económicos de cada parte y cualquier otra circunstancia relevante.

No existe una fórmula matemática oficial para calcular la pensión compensatoria. Tampoco hay una tabla legal obligatoria.

El cálculo se realiza valorando las circunstancias personales, económicas y familiares de cada caso. Se analizan los ingresos de ambos cónyuges, el patrimonio, las cargas familiares, la duración del matrimonio, el nivel de vida mantenido, la dedicación al hogar y las posibilidades reales de recuperación económica del cónyuge perjudicado.

Por este motivo, dos divorcios aparentemente parecidos pueden tener soluciones distintas. La pensión debe ser proporcional al desequilibrio causado y también a la capacidad económica del obligado al pago.

La pensión compensatoria puede adoptar distintas formas.

Puede ser temporal, cuando se fija durante un periodo concreto. Suele ocurrir cuando se entiende que el cónyuge beneficiario puede superar el desequilibrio económico con el paso del tiempo.

También puede ser indefinida, especialmente en matrimonios de larga duración, cuando la edad, la salud, la falta de experiencia laboral o la dedicación prolongada a la familia hacen difícil prever una recuperación económica real.

Además, la compensación puede establecerse mediante un pago único, la entrega de un capital, una renta vitalicia o incluso el usufructo de determinados bienes, si así se acuerda o se determina judicialmente.

Una vez fijada la pensión compensatoria, puede modificarse si se produce una alteración sustancial en la situación económica de uno u otro cónyuge.

Por ejemplo, podría solicitarse una modificación si el beneficiario mejora notablemente su situación económica, si encuentra un empleo estable, si recibe ingresos relevantes o si el obligado al pago sufre una reducción importante de sus recursos.

Ahora bien, la modificación no se produce automáticamente. Debe solicitarse judicialmente, salvo que exista acuerdo entre las partes y dicho acuerdo se formalice correctamente.

El derecho a la pensión compensatoria se extingue cuando desaparece la causa que lo motivó.

También se extingue si el cónyuge beneficiario contrae nuevo matrimonio o si vive maritalmente con otra persona. En estos casos, se entiende que la situación que justificó la pensión ha cambiado.

La muerte del obligado al pago no extingue por sí sola la pensión. No obstante, sus herederos pueden solicitar judicialmente la reducción o supresión si el caudal hereditario no puede satisfacer la obligación o si afecta a sus derechos legitimarios.

El impago de la pensión compensatoria puede tener consecuencias civiles y penales.

Desde el punto de vista civil, el beneficiario puede reclamar las cantidades impagadas mediante el procedimiento correspondiente.

Además, si el obligado deja de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos, y existe una resolución judicial que le obliga al pago, puede llegar a cometer un delito de abandono de familia previsto en el artículo 227 del Código Penal.

Si la persona obligada al pago no puede afrontar la pensión por un cambio real en su situación económica, lo aconsejable no es dejar de pagar sin más, sino solicitar cuanto antes una modificación de medidas.

La pensión compensatoria también tiene efectos fiscales.

Para quien la paga, las cantidades satisfechas por decisión judicial pueden reducir la base imponible en el IRPF, dentro de los límites y condiciones previstos por la normativa fiscal.

Para quien la recibe, la pensión compensatoria debe declararse como rendimiento del trabajo.

Por ello, es importante que la pensión esté correctamente recogida en la sentencia o convenio regulador y que ambas partes la declaren de forma adecuada.

El régimen de separación de bienes no impide que pueda reconocerse una pensión compensatoria.

Aunque cada cónyuge conserve su propio patrimonio, el juez puede valorar si durante el matrimonio uno de ellos asumió una mayor dedicación a la familia, renunció a oportunidades profesionales o quedó en una posición económica claramente peor tras la ruptura.

Lo importante, de nuevo, será probar el desequilibrio económico y su relación con el matrimonio y la separación o divorcio.

La pensión compensatoria del artículo 97 del Código Civil está pensada para los supuestos de separación o divorcio matrimonial.

En parejas de hecho, no se reconoce automáticamente una pensión compensatoria en los mismos términos. Sin embargo, en determinados casos pueden plantearse reclamaciones económicas si se acredita una situación de enriquecimiento injusto, dependencia patrimonial o perjuicio derivado de la convivencia.

Estos supuestos son más complejos y dependen mucho de la normativa autonómica aplicable y de las circunstancias concretas de la relación.

El Tribunal Supremo ha señalado de forma reiterada que la pensión compensatoria no es una indemnización ni un mecanismo para igualar patrimonios.

Su finalidad es compensar el desequilibrio económico que la ruptura produce en uno de los cónyuges, teniendo en cuenta lo ocurrido durante el matrimonio, la dedicación a la familia, la colaboración en la actividad del otro cónyuge, el régimen económico matrimonial y la situación anterior y posterior a la ruptura.

Por eso, cada caso debe estudiarse con detalle. La existencia de diferencia de ingresos puede ser importante, pero no es suficiente por sí sola. Lo verdaderamente relevante es que la separación o el divorcio haya causado un empeoramiento económico real en uno de los cónyuges.

La pensión compensatoria genera muchas dudas en los procedimientos de separación y divorcio, especialmente en relación con su duración, cuantía, requisitos o posibles causas de extinción. A continuación respondemos algunas de las preguntas más frecuentes sobre la pensión compensatoria, basándonos en la normativa vigente y en los criterios aplicados habitualmente por los tribunales.