Demanda de divorcio contencioso: cuándo se presenta y qué incluye

Cuando los cónyuges no logran ponerse de acuerdo sobre cómo poner fin al matrimonio, o sobre las consecuencias de esa ruptura, el camino que queda es la vía contenciosa. El procedimiento arranca con una demanda, escrito con el que una de las partes pide al juzgado tanto la disolución matrimonial como las medidas para ordenar la situación familiar y económica posterior.

La sentencia de divorcio es la meta, pero la demanda es la puerta de entrada de todo el proceso. De ahí que su correcto planteamiento, ajustado a las circunstancias reales del caso, resulte determinante.

Se trata del escrito procesal con el que uno de los cónyuges pide judicialmente la disolución del vínculo cuando no hay entendimiento con el otro. Su presentación pone en marcha el trámite recogido, con carácter general, en los artículos 769 y 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Frente al divorcio de mutuo acuerdo, en que ambas partes llevan al juzgado una propuesta ya pactada, aquí será el juez quien tendrá que decidir sobre los puntos en los que no haya consenso.

Además de solicitar el divorcio, el escrito recoge las medidas pedidas en relación con los hijos, la vivienda familiar, las pensiones y cualquier otro extremo pendiente de regular. Todo el procedimiento, y la sentencia que lo cierre, girará en torno a esas peticiones.

La demanda en un divorcio contencioso se presenta cuando no es posible tramitar el divorcio de forma pactada. El desacuerdo puede existir desde el principio o surgir a mitad de las negociaciones, cuando no se logra encajar la custodia, el régimen de visitas u otra cuestión relevante para la familia.

También ocurre, con frecuencia, que uno de los cónyuges se niega a negociar o a firmar un convenio regulador. Esa negativa no bloquea el proceso: la ley española permite que cualquiera de los dos pida el divorcio sin el consentimiento del otro, siempre que se cumplan los requisitos legales.

En ocasiones, antes de acudir a la vía contenciosa, pueden explorarse mecanismos de negociación o resolución de conflictos cuando las circunstancias lo permitan. Sin embargo, cuando no existe posibilidad real de alcanzar un acuerdo, o éste fracasa, la presentación de la demanda constituye el paso necesario para que sea el órgano judicial quien resuelva las cuestiones controvertidas.

La demanda puede ser presentada por cualquiera de los cónyuges, incluso cuando el otro se oponga al divorcio o no quiera participar voluntariamente en el procedimiento.

Desde la reforma introducida por la Ley 15/2005, el divorcio dejó de depender de la existencia de una causa concreta o del consentimiento de ambos esposos: basta con que uno de ellos manifieste su voluntad de poner fin al matrimonio para que pueda iniciarse el procedimiento judicial.

La demanda contenciosa debe presentarse con la intervención preceptiva de abogado y procurador. El abogado se encarga de diseñar la estrategia jurídica, preparar la demanda y defender los intereses de su cliente durante todo el proceso; el procurador representa a la parte ante el juzgado y realiza las actuaciones procesales correspondientes.

Si bien cada demanda se adapta a la situación familiar y patrimonial concreta, en todo caso deberá identificar a las partes, exponer los hechos, fundamentar jurídicamente la petición y concretar las medidas solicitadas. Deberá acompañarse de la documentación exigida: certificación de matrimonio, certificados de los hijos (si los hay), y aquella que respalde lo solicitado (incluida la que acredite la situación patrimonial si se reclaman medidas económicas).

Es uno de los aspectos más relevantes de la demanda cuando existen hijos respecto de los que procedan determinadas medidas. Suele incluir propuestas relativas a la guarda y custodia, régimen de visitas, patria potestad, y cualquier otra necesaria para proteger su interés superior.

Además, pueden solicitarse medidas relacionadas con el uso de la vivienda familiar, la distribución de determinadas cargas económicas o cualquier aspecto cuya regulación resulte necesaria.

En determinados supuestos también puede interesarse la adopción de medidas provisionales para regular la situación mientras se tramita el procedimiento, evitando que la ausencia de una resolución definitiva genere perjuicios.

Cuando el uso de la vivienda familiar genera conflicto, la demanda se pronunciará también sobre este punto y el juez decidirá quién continúa en el domicilio. Siempre según las circunstancias del caso y, sobre todo, la existencia de hijos menores.

Por otra parte, conviene recordar que el divorcio y la liquidación del régimen económico matrimonial no siempre se resuelven conjuntamente. Aunque la demanda puede contener determinadas peticiones relacionadas con el patrimonio común, la liquidación de los bienes gananciales o del régimen económico correspondiente puede tramitarse en un procedimiento independiente cuando así resulte necesario.

En la demanda también pueden solicitarse las medidas económicas propias del caso, tales como la pensión compensatoria, cuando la ruptura deja a uno de los cónyuges en desequilibrio respecto a la vida que llevaba durante el matrimonio, así como cuestiones sobre el reparto de cargas familiares, gastos comunes u otras necesarias.

Todo dependerá, en última instancia, de las circunstancias del caso y de la prueba aportada.

Una vez presentada la demanda, el juzgado comprobará si reúne los requisitos legales para admitirla a trámite.

Si la demanda es admitida, se dará traslado al otro cónyuge para que pueda contestarla, en plazo, manifestando si acepta o se opone a las pretensiones formuladas y proponiendo, en su caso, las medidas que considere oportunas.

A partir de ahí, continuará la tramitación del procedimiento conforme a las especialidades previstas para los procesos de familia, incluyendo celebración de vista o práctica de las pruebas propuestas por las partes previa resolución del juez mediante sentencia.

La principal diferencia radica en la existencia o no de consenso entre los cónyuges.

En el divorcio amistoso ambas partes presentan una propuesta consensuada sobre las medidas que regularán su nueva situación, lo que agiliza, simplifica y abarata el proceso.

En cambio, el divorcio contencioso se solicita unilateralmente al existir discrepancias que impiden alcanzar un acuerdo, por ende será el juez quien resolverá las cuestiones discutidas tras valorar todo lo pertinente.

Siempre se debe contar con abogado, pero, elegir un profesional con experiencia en Derecho de Familia puede marcar la diferencia desde el inicio.

La estrategia procesal comienza con la propia demanda. La forma en que se plantean los hechos, las medidas que se solicitan, la documentación que se aporta y la prueba que se propone pueden influir de manera significativa en el desarrollo del procedimiento y en el resultado final.

Cada divorcio presenta unas circunstancias diferentes. Por ello, antes de iniciar un procedimiento contencioso conviene realizar un análisis individualizado del caso para valorar cuál es la mejor forma de proceder.